Este fin de semana los medios de información
se hacían eco de una excelente noticia: El Servicio Territorial de Industria de
la Junta de
Castilla y León resolvió denegar la concesión de explotación en el paraje
denominado San Pablo de Borobia al presentar
la empresa la solicitud fuera de plazo según
se desprende de la declaración de caducidad del permiso de investigación minera
por parte del Ministerio de Industria.
Los tribunales de nuevo nos dan
la razón: Como ya denunciamos en su día en este blog, las últimas extracciones
de mineral realizadas amparándose en el permiso de investigación caducado fueron
ilegales. Ahora yo me pregunto ¿De que sirve la justicia cuando las grandes
empresas vulneran la legalidad y obran sobre hechos consumados? Porque lo
cierto es que ilegalmente pero la empresa extrajo todo el mineral que quiso
utilizando la fuerza, con la cobertura de la Guardia Civil. Como cantamos en
tantas manifestaciones “Lo llaman democracia y no lo es”.
En el Periódico de Aragón del
domingo aparecían las declaraciones de Anunciación
Crespo, concejal de Borobia y miembro de la Plataforma por al
Defensa del Agua y del Suelo y de Mariano, nuestro alcalde de Purujosa, que se
mostraba prudente y no sin razón, dado que es probable que la Junta de Castilla y León volverá
a sacar a concurso la explotación minera, para de ese modo “legalizar a
posteriori” las acciones ejecutadas fuera de la ley, en un claro ejemplo de
colaboracionismo entre la
Administración afín y una gran empresa.
Quisiera aprovecha esta entrada
para manifestar mi apoyo y solidaridad con la lucha de los mineros que llevan mas
de un mes en huelga. Pudiera resultar contradictoria mi postura por lo que me gustaría
explicarla. Considero que se puede estar en contra de la apertura de una nueva
mina a cielo abierto, al lado de un Parque Natural y al mismo tiempo empatizar con
compañeros trabajadores que van a perder su puesto de trabajo por el
incumplimiento del Gobierno de unos acuerdos previamente firmados. Hecho
especialmente grave en un contexto en el que el Estado está tapando los
agujeros negros de los bancos con dinero público.
Purujosa y los pueblos del
Moncayo saben perfectamente lo que es la despoblación y a ningún pueblo se le
desea tan traumática experiencia. La actitud del ejecutivo condena a regiones
enteras de Aragón, Asturias y León a la emigración. Familias mineras que perderían
sus ingresos y dejarían de consumir por lo que mediante un efecto dominó se iría
paralizando toda la actividad económica de la zona. Tal es así que al gobierno (y
por ende a la ciudadanía) a la larga le saldría más rentable mantener las
ayudas del carbón. Y al margen de todos
estos argumentos, es difícil no enorgullecerse de una gente que defiende con
uñas y dientes sus derechos, siendo ejemplo para el resto de trabajadores.
Porque mineros y ecologistas tenemos
una cosa que nos une, un enemigo común, aquel que viola acuerdos, incumple
palabras, aquel que se esconde detrás de la guardia civil, aquel que viola la
ley. Porque el Sr. Yeregui (empresario de Magnesitas) y el Sr. Soria (Ministro
de Industria) tienen también una cosa en común, pertenecen a esa clase corporativa,
endogámica, donde las distancias entre política y dinero, poder y administración,
se diluyen en beneficio propio. Y hasta que nosotros, los de abajo, no
retomemos nuestra conciencia de pertenencia a un grupo común, los
administradores seguirán riéndose de los
administrados.
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