Medio centenar
de miembros de Patronatos de Espacios Naturales Protegidos de Aragón se
han reunido en la DPH, y han hecho pública una declaración en la que se
plantean medidas para mejorar la gestión y financiación de estos
espacios, ante la preocupación por la situación que padecen, que se
alarga en el tiempo.
En la línea con
el artículo 45.1 de la Constitución que dice “Todos tienen derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo”, recuerdan que la gestión de
los Espacios Naturales Protegidos debe cumplir los tres fines
complementarios que son:
- Contribuir a mejorar el uso público de los Espacios.
- El desarrollo económico del entorno
- Fomentar la conservación e investigación.
Tienen varias
peticiones:
- Cambiar la normativa de las subvenciones con el consenso del territorio.
- Recuperar y concretar como derecho y no como subvención el pago por hectárea de los terrenos aportados a los Espacios Naturales Protegidos.
- Mejorar radicalmente la actual política de contratación, tanto en su temporalidad como priorizando el personal cualificado del territorio por su contribución al asentamiento y mantenimiento de la población
- Mejorar la asignación presupuestaria para cada uno de los Espacios Naturales Protegidos actuales
- Mejorar la organización del trabajo de los APN y cuadrillas mediante el acuerdo con los Ayuntamientos de las acciones a realizar
- Mejorar la participación y gestión en los Patronatos y en las Comisiones Directivas, tanto las existentes como las que se puedan crear, con una mayor representación y capacidad decisorio del territorio.
Tras leer este manifiesto (que desde "El nido de águilas del Moncayo" suscribimos) me acordé de unos vídeos que me descubrió Roberto, uno de los emprendedores locales a través de su compañía de guías de montaña "Cara oculta". Me refiero a la conferencia de José María Nasarre, asesor jurídico de la FEDME (Federación Española de Montaña y Escalada) en las X Jornadas en defensa de los caminos públicos (Córdoba, diciembre de 2016). Allí el jurista remarca como los escasos estudios sobre impacto económico del senderismo demuestran como cada € invertido por la administración revierte multiplicado en el territorio.
No obstante, la realidad económica es que no hay recursos para nuevos equipamientos e incluso se carece de presupuesto para el mantenimiento de los ya existentes. Ante esta situación, el ponente explica como la administración recurre con frecuencia a la solución más sencilla y barata: la prohibición. En parte apoyándose en una ley de montes de 2003 de claro enfoque forestal que infravalora el uso público de los montes ante la actual demanda social de su uso recreativo. Una función social que puede convertirse en medio de ordenación del territorio y desarrollo rural. Es por eso que ante la prohibición defiende la regulación de los Espacios Naturales Protegidos. Pero no podemos esperar que la administración actue de motus propio, es la sociedad civil la que debe tomar la iniciativa. Es el territorio el que debe implicarse en su gestión de manera activa presentado los documentos, proyectos, inventarios, etc. de manera que de la administración solo se necesite una aprobación, una afirma, tras la obligatoria consulta a su correspondiente asesor técnico. Ya tenemos modelos para avanzar, lugares que van por delante y que nos han de servir de ejemplo.
Además, el autor no desdeña el papel fundamental de las corporaciones municipales. En el caso de los caminos públicos, es labor de los ayuntamientos inventariarlos. Desgraciadamente, las personas mayores van muriendo y muchos antiguos caminos, hoy comidos por la maleza, quedan perdidos en el olvido. La comptencia municipal tiene la ventaja de la proximidad al ciudadano pero no niega que en ocasiones existe una falta de sensibilidad ante la incomprensión de los nuevos nichos económicos que ofrece el turismo rural. Es por ello que José María Nasarre apuesta decididamente por el diálogo como la mejor herramienta para llegar a acuerdos, recordando como las administraciones ambientales se han ido permeando progresivamente de algunas de las demandas de uso público de los Espacios Naturales al tiempo que la sociedad también ha asumido los principios de protección de la Naturaleza que deben imperar en estos.
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